El 15 de enero de 1969 el presidente Joaquín Balaguer reveló a los medios de prensa estacionados en el Palacio Nacional que había autorizado a la jefatura de la Policía Nacional poner en condición de retiro al controversial jefe de su servicio secreto, mayor Francisco Antonio Báez Maríñez, cuya jubilación había sido recomendada por una junta médica del hospital militar Enrique Lithgow Ceara, que diagnosticó que padecía supuestos trastornos mentales. La figura del alto oficial -que era identificado siempre por su segundo apellido- ocupaba con cierta frecuencia la atención de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas que cubrían la fuente policial, debido a que estaba siendo severamente cuestionado por los rudos métodos que utilizaban los agentes bajo su mando en los interrogatorios a jóvenes que eran apresados por su afiliación a los grupos de izquierda.
Sin
embargo, esa razón no fue mencionada en la disposición gubernamental que lo
puso en retiro, pues en su acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, el
mandatario sólo se refirió a su alegada enfermedad mental, asegurando que la
misma quedó evidenciada cuando “hizo un viaje a los Estados Unidos porque tuvo
trastornos siquiátricos”, aunque “después vino y dijo que se había
restablecido”.
Con
esas palabras el jefe de Estado tendía a reforzar el diagnóstico sobre la salud mental del
referido oficial ofrecido en el hospital Lithgow Ceara por el siquiatra Balbino
García Olivo, desestimando el valor de los certificados médicos que éste
poseía, expedidos por los reconocidos especialistas Martín Emilio Guillén
Matarranz y Héctor Pereyra Ariza, que indicaban que estaba mentalmente sano,
pues “no presentaba anormalidades de ningún género”.
Los
periodistas pidieron a Balaguer que expusiera su parecer sobre los informes
médicos divergentes, pero él se limitó a decir: “Son opiniones de los médicos.
Unos dicen que sí y otros que no. El gobierno dice que si o que no”. Mientras
la Policía, a través de su oficina de relaciones públicas, reiteraba una y otra
vez que su antiguo jefe del servicio secreto había sido inhabilitado desde el
punto de vista mental por una junta médica del referido hospital.
Esa
posición oficial fue rechazada por
Maríñez, que mostró una hoja clínica que revelaba que la única enfermedad que
había padecido era un comienzo de derrame cerebral que le mantuvo en cama
durante varias semanas en el mes de marzo de 1968, y explicó que debido a ese
único quebranto de salud, se vio obligado a viajar a Washington, donde fue
hospitalizado y curado; logrando más tarde, a su regreso de la capital norteamericana, ser
reincorporado sin dificultad a sus funciones en el departamento del servicio
secreto de la Policía.
Agregó
que desde entonces pudo mantenerse en su puesto por espacio de nueve meses;
específicamente hasta el 2 de enero de 1969, cuando le entregaron un memorándum
de la jefatura policial, con fecha del 31 de diciembre, donde se le ordenaba
presentarse a la unidad de siquiatría del hospital Lithgow Ceara, para ser
sometido a una evaluación médica. El joven oficial de 32 años de edad, tuvo de
inmediato la sospecha de que algo se tramaba en su contra y que la intriga en
marcha nada tenía que ver con el torrente de denuncias que publicaban los
medios informativos sobre las torturas que agentes policiales bajo su mando
aplicaban a dirigentes y militantes de izquierda.
Entre
los denunciantes figuraban Henry Segarra Santos, Agustín Moisés Blanco Genao y
Pablo Virgilio Gómez Suardí (Billo), quienes por separado y en distintos
momentos del año 1968, revelaron a la prensa que habían sido golpeados con
rudeza durante los interrogatorios que les practicaron en el cuartel general.
La tortura era una vieja práctica trujillista que seguiría vigente en las
investigaciones policiales posteriores; de modo que ese hábito no parecía ser
la verdadera causa de las medidas que venía adoptando el alto mando policial
para separar a Maríñez de sus filas, ignorando su lealtad al presidente
Balaguer y la buena preparación técnica que había adquirido tras participar en
diversos cursos académicos de
investigación y especialización policial en el extranjero.
El
cuestionamiento a la salud mental del alto oficial se incrementó con su
negativa a someterse a una evaluación siquiátrica en el hospital militar y
conseguir en cambio de especialistas particulares, dos certificados médicos que
indicaban que estaba en perfecta salud. La animosidad en su contra había
crecido tanto que -consciente de ello- Maríñez afirmó que en su caso “el retiro
estaba resuelto desde hace varios días” y que “está claro que cualquier
argumento físico y psíquico que haya sido empleado es totalmente falso y no
solamente eso, sino también mal disimulado”.
Esa
declaración precipitó el castigo que le impuso la jefatura de la Policía,
mediante la orden especial número 01 de 1969, de fecha 2 de enero, que nombró
como nuevo jefe del servicio secreto al teniente coronel Julio A. Carbucia
Reyes y dispuso el traslado de Maríñez
(sin funciones) a la sección A de la compañía Cuartel General, donde también
fue enviado -a la sección B- el subjefe del servicio secreto, capitán Caonabo
Reynoso Rosario, cuyo cargo pasó a ser
ocupado por el capitán Viriato Alcides Brito Pillier. En ese
departamento se registró una masiva remoción de agentes secretos, la más amplia
registrada desde el 28 de marzo de 1967 cuando el general Braulio Álvarez
Sánchez fue nombrado jefe de la Policía, en sustitución del coronel Luis Ney
Tejeda Álvarez, nombrado asesor policial del presidente Balaguer y jefe de un
organismo de seguridad al servicio de la Presidencia.
Esta
vasta operación dentro del servicio secreto de la Policía reavivó las
diferencias surgidas en los meses de febrero y marzo de 1968 entre Álvarez
Sánchez y Maríñez, a raíz de la desaparición momentánea del dirigente
catorcista Billo Gómez Suardí, quien -luego de varias semanas de búsqueda- pudo
ser localizado dentro del propio Palacio de la Policía, debido a la
intervención personal del presidente Balaguer que autorizó a su madre Carmen
Suardí a que recorriera todas las celdas policiales, hasta que diera con el
paradero de su hijo. Maríñez fue la persona que le informó personalmente al
mandatario lo que estaba ocurriendo con ese joven izquierdista, facilitando de
ese modo su reaparición, aunque provocando el disgusto de su superior.
En
esa ocasión el general Álvarez Sánchez no pudo sacar del servicio secreto a
Maríñez, debido a que éste contaba con el respaldo del coronel Tejeda Álvarez,
quien lo puso en el cargo cuando fue jefe de la Policía.
Causa
real de la separación
El
7 de enero de 1969 el mayor policial Francisco Antonio Báez Maríñez fue
finalmente pensionado y de acuerdo a un análisis noticioso hecho por el periodista
Miguel Ángel Hernández, del periódico El Nacional, su estrella policial comenzó
a eclipsarse a principios de mes, cuando el presidente Balaguer decidió
suprimir el servicio de seguridad que dirigía su primo hermano, el exjefe de la
Policía coronel Luis Ney Tejeda Álvarez, quien fue sacado del país en calidad
de embajador en Nicaragua.
Tejeda
Álvarez había caído en desgracia con el jefe de Estado, presuntamente por
haberse reunido en secreto con altos dirigentes del antiguo partido blanco,
entre ellos, el profesor Pablo Rafael Casimiro Castro. Su oficina en el Palacio
Nacional fue clausurada y sus archivos enviados a la Policía y mediante decreto
Balaguer ordenó a las autoridades militares y policiales confiscar decenas de
armas que esa unidad de inteligencia había distribuido al amparo de tarjetas
expedidas por altos oficiales de los cuerpos castrenses y policiales.
A
consecuencia de esa realidad, Maríñez -ya en retiro- comenzó a percibir que su
residencia era objeto de una severa vigilancia, mientras que su hermano, el
raso Juan Daniel Báez Maríñez, de 19 años, era dado de baja del servicio activo
policial en una escuela de Acción Cívica de Pueblo Nuevo, Baní, sin que hubiese
cometido falta alguna.
Eso
lo llevó a denunciar a través de la prensa que militares armados a bordo de
vehículos oficiales merodeaban su casa y los lugares que acostumbraba visitar,
obteniendo como respuesta inmediata una declaración de la oficina de relaciones
públicas de la Policía que atribuyó la
cancelación del raso Báez Maríñez a que no tenía aptitud para policía.
También
dicha oficina desmintió el presunto asedio a la residencia del denunciante, con
estas palabras: “La persecución que dice el mayor pensionado Báez, sólo existe
en su mente”, agregando que “al hablar de persecuciones y de intentos en contra
de su seguridad personal, lo único que está haciendo el mayor pensionado es
aceptar que sí fue pensionado de acuerdo a recomendación de una junta médica,
ya que sólo es mental esos aspectos”
Incluso,
el presidente Balaguer habló sobre las referidas denuncias, negando que eso
estuviera ocurriendo y calificando de “teorías, simples especulaciones”, lo
expresado por el exjefe del servicio secreto de la Policía. “Si lo están
persiguiendo le hubieran hecho lo que le iban a hacer, porque ¿quién lo iba a
impedir”. Añadiendo: “No creo que sea cierto; y sino que me cite los datos y
diga quienes lo persiguen”.
En
cuanto a la supresión del cuerpo de inteligencia que dirigía el coronel Tejeda
Álvarez, el mandatario no quiso exponer el origen de esa disposición, señalando
que se trataba de “medidas de seguridad”. “No tengo que dar explicación sobre
ese caso. Son asuntos confidenciales del Gobierno, medidas de seguridad, sobre
las que el Gobierno no tiene que informar”. Y agregó que “cuando son cuestiones
de seguridad la misma Constitución lo establece. No se está obligado a informar
a la prensa ni a nadie. Yo considero que eso es una cuestión de seguridad del
Estado sobre los cuales el gobierno no tiene que dar ninguna información”.
Francisco
Antonio Báez Maríñez salió de la Policía contando con la simpatía de amplios
círculos policiales, ya que muchos oficiales estaban en desacuerdo con los
maltratos que estaba recibiendo de la alta oficialidad, pensando que en el
futuro pudiera ocurrirles algo similar. “Hoy es él, mañana podremos ser
nosotros”, comentaban.
Maríñez
regresó al cuerpo policial con rango de teniente coronel, a principios de la
década de 1970, libre de todo cuestionamiento a su salud mental, siendo
designado comandante del batallón de Operaciones Especiales de esa institución,
y participando, durante la gestión del general Neit Rafael Nivar Seijas, en
varios operativos represivos, como el cerco del recinto de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) el 4 de abril de 1972, en busca del dirigente
izquierdista Tácito Perdomo Robles.
Esa
incursión policial terminó en avasallamiento y tragedia, al caer mortalmente
herida la joven estudiante de economía, Sagrario Ercira Díaz Santiago,
fallecida 10 días más tarde, y producirse los desconsiderados arrestos del
rector y el vicerrector de la UASD, doctores Jottin Cury Elías y Tirso
Mejía-Ricart Guzmán, y los maltratos sufridos por decenas de estudiantes,
profesores y empleados que fueron sacados del perímetro universitario en
vehículos policiales.
Una
comisión que investigó este hecho sangriento culpó a Maríñez de haber ordenado
disparar, por lo cual junto a ocho alistados fue dado de baja y sometido a la
justicia civil el 5 de mayo de 1972, pero más tarde fue puesto en libertad,
reincorporado a la Policía y trasladado a su comando Norte, donde se mantuvo
hasta 1978, cuando fue de nuevo retirado por el presidente Guzmán; pero retornó
a esa institución en 1982, amparado en un decreto del presidente Salvador Jorge
Blanco, que lo nombró subjefe de la Policía. Fue finalmente pensionado con el
rango de general, mediante el decreto 476-07, emitido el 27 de agosto de 2007
por el doctor Leonel Fernández. Se desempeñaba como jefe de seguridad de la
Autoridad Portuaria Dominicana.
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