Justicia y Transparencia respalda acciones del gobierno en combate a la delincuencia y pone propuesta a su disposición
Santo Domingo, Rep. Dom., 29 de septiembre del 2021.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reiteró hoy su renovada propuesta para la creación de un Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (SISCCPAC), con el objetivo de contribuir con la erradicación de la delincuencia y la criminalidad que afecta al país, además de convertirse en la principal preocupación de los dominicanos, con la creciente y casi generalizada percepción de inseguridad.
La entidad cívica recordó que en julio del 2016, presentó al pueblo dominicano lo que fuera El Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (SISCCPAC), y reiterado nuevamente en el 2018, como propuesta de ley, vía el entonces Senador Adriano Sanchez Roa, con el objetivo de dotar al país de una nueva versión, que sirva como complemento, de la visión correcta y acertada que hoy adopta el gobierno dominicano, al dictar el decreto número 581-21, creando un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, saludó y respaldó el recién sistema creado por el gobierno, por entender que se trata en línea generales, sobre todo en su enfoque del fenómeno delincuencia, de una visión muy similar a la de la Fundación, que reiteramos, e insistimos en el ánimo de que pueda ser acogido por el gobierno, incluso en su plenitud, sirviendo nosotros como un aporte y necesario complemento de las acciones emprendidas por el gobierno.
FJT declaró que el referido sistema convoca a las diferentes entidades responsables de la convivencia y la seguridad ciudadana de cada localidad, a trabajar en una sola dirección, abordando de manera particular las diferentes problemáticas locales de seguridad y la forma en la que se gestiona la respuesta institucional.
Potentini, explicó que el SISCCPAC toma en consideración las causas que originan e inciden en el aumento y desarrollo de la actividad criminal, cuyas causan encuentran su génesis en una serie de factores económicos y sociales, a saber: desempleo, desigualdad social, falta de oportunidades y pobreza, niveles bajos de educación, consumo de drogas, complicidad e impunidad y la corrupción administrativa.
Además, dijo que se hace necesario la implementación de acciones alternas a la problemática en cuestión; tales como la generación de empleos, prácticas deportivas y recreativas, actividades de prevención de drogas, la persecución efectiva y castigo ejemplar a los delincuentes, en fin, políticas sociales tendentes a disminuir la brecha entre pobres y muy ricos.
De acuerdo con la FJT el SISCCPAC operaría como un “conjunto inter-relacionado de seguridad ciudadana que coordina organismos del sector público junto a entidades y personas de la sociedad civil, en el ámbito municipal, provincial y regional que adecúa las políticas de seguridad a las necesidades locales y se orienta a implementar acciones de seguridad, tranquilidad, cumplimiento de las directrices nacionales de seguridad y fomentar la relación policía-ciudadanía.
Esencialmente, el SISCCPAC tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social, estableciendo como objetivos y acciones inmediatas para conjurar los efectos de la delincuencia las siguientes propuestas o recomendaciones:
1. a) Se hace necesario el establecimiento de un régimen de control y seguimiento de la actividad del motoconcho y motoristas, identificándolos de manera rigurosa con un chaleco y casco protector numerado en grande, incluyendo al acompañante; además de llevar una supervisión y registro riguroso de la referida actividad.
2. b) Una reforma profunda de la policía nacional, haciendo especial énfasis en el seguimiento y depuración de sus miembros, también procurar como medida a implementar, el fortalecimiento del poder judicial, incluyendo al ministerio público, todo ello dotándolos de mayores partidas presupuestarias.
3. c) La importación masiva e instalación de cámaras de seguridad en las vías y lugares públicos a cargo del gobierno, así como la exoneración de todos los impuestos a los equipos de vigilancia y la obligatoriedad de su instalación en los centros comerciales y negocios.
4. d) Una planificación objetiva y sostenible que garantice un patrullaje permanente y estratégico en las áreas de mayor riesgo. Asimismo, recuperar la matrícula de policías que hoy prestan servicios a particulares y funcionarios, todo ello en desmedro de su función y esencia, al ser el garante de salvaguardar la seguridad pública, tal y como lo dispone el artículo 255 de la constitución.
5. e) La ejecución de un operativo masivo de electrificación, alumbrado e iluminación, además de la limpieza y el ornato de aquellas áreas y zonas previamente identificadas como vulnerables.
6. f) Diseño y celebración de campañas nacionales permanentes sobre la necesidad de combatir y prevenir la delincuencia, haciendo especial y particular énfasis en la orientación y conocimiento sobre medidas preventivas contra la delincuencia, así como la identificación y solución a posibles situaciones de peligro y vulnerabilidad. Las referidas campañas deberán también incluir de manera fundamental las redes sociales, sobre todo concientizando a la población de la necesidad de colaborar y ayudar en el combate a la criminalidad.
7. g) Establecer mediante disposición legal (ley o decreto), la obligatoriedad de incluir en los medios de comunicación nacionales, un mínimo de publicidad relativa al combate y prevención contra la criminalidad y con ello sensibilizar e integrar a la sociedad.
8. h) Mejorar los niveles de eficiencia de implementación del código procesal penal, revisándolo y modificándolo nueva vez si fuere necesario; así como disponer de las partidas presupuestaria que garanticen su eficacia y crear una ley de prevaricación judicial que destierre la complicidad entre delincuente y autoridades.
9. i) Plantearse la ejecución de un plan de vigilancia y control migratorio permanente en la frontera dominico haitiana, así como el aplicar las leyes migratorias en vigor.
10. j) Disponer vía la Procuraduría General de la República del monitoreo y seguimiento de las actividades e inserción de los deportados, sobre todo de aquellos que han cumplido condenas en el exterior por delitos graves.
11. k) Poner también a cargo de la Procuraduría General de la República, en su rol de órgano constitucional rector de la política criminal del estado, el establecimiento de un sistema de protección integral para la mujer, a través de su departamento correspondiente en coordinación con el Ministerio de la Mujer, para la realización de campañas masivas sobre el valor de la mujer.
12. l) Ampliar la prevención y persecución en contra del consumo y tráfico de drogas con acciones estratégicas y alternativas a la problemática.
13. m) Modificar y Fortalecer la aplicación del código del menor que establece un sistema para la protección de niños, niñas y adolescentes.
La FJT instó al gobierno a que haga suya la propuesta de creación del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (SISCCPAC), asimilándolo como un complemento homólogo a lo que sería el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, creado por el gobierno el pasado 17 de septiembre, mediante el decreto número 581-21.
Finalmente, reiteramos que, a juicio nuestro, se trata del enfoque más acertado que gobierno alguno haya tenido del fenómeno delincuencia, con ello motivándonos a desempolvar el trabajo nuestro, dormido desde el 2018, cuando lo presentamos ante las cámaras legislativas, el cual hoy cobra singular importancia, como un obligado complemento de las acciones puesta en marcha por el gobierno dominicano, todo ello en razón de la similitud que guardan ambos proyectos.
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