La abogada Nancy Galán, denunció que es víctima de lo que definió como persecución temeraria y acoso irracional por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Envejecientes, que aparentemente pretenden despojarla de un hotel fundado por su padre hace más de 30 años.
Se trata del hotel Galán, ubicado próximo al parque Independencia en la capital, que ha sido invadido por intrusos luego del extraño fallecimiento hace dos meses, de Francisco Galán gerente y hermano de la denunciante.
El hotel se encuentra en crisis debido a rumores de que los intrusos que lo ocupan operan en el lugar un punto de drogas y gozan de la supuesta protección de funcionarios del gobierno y militares de alto rango.
Por esa razón los herederos del hotel están exigiendo la salida inmediata de los intrusos, antes de tomar posesión de la propiedad y reiniciar su operacion.
Pero los intrusos, quienes le habían hecho la vida imposible al fenecido gerente, ahora maniobran para apoderarse de la propiedad, donde alegadamente se dedican a la comercialización de sustancias protegidas bajo la protección y amparo de influyentes personajes.
La abogada mostró varias citaciones temeraria que le ha hecho llegar una supuesta abogada que utiliza papel timbrado del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE y se identifica como licenciada Yissel Alcántara.
La licenciada Yissel Alcántara se identifica como encargada del departamento de denuncias y seguimiento de casos del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y es quien acosa directamente a la doctora Nancy Galán, por la vía telefónica y a través de citaciones ilegales porque usurpan las funciones de los tribunales competentes.
La víctima explicó asimismo, que hasta el momento trató de comprender la situación confusa y dolorosa que llevó a su hermano Francisco Galán a perder la vida, antes de tomar cualquier decisión respecto a la propiedad. Sin embargo, para su sorpresa, los intrusos y sus protectores se lanzaron al ataque con rabia y desconsideración.
La doctora Galán señaló que ha pasado muy poco tiempo desde la muerte de su hermano Francisco Galán y que aún los 13 hermanos que conforman la familia no se recuperan de lo que fue para ellos un duro golpe.
Por eso le sorprende la actitud beligerante de los intrusos y los funcionarios que lo aúpan.
La situación ahora se complica porque la noche antes de su muerte Francisco Galán estuvo en el hotel que administraba, el hotel Galán, y la familia desconoce lo que pasó esa noche entre su pariente y los intrusos, que de inmediato penetraron a la habitación que ocupaba Francisco Galán y sustrajeron todos sus bienes.
La abogada Nancy Galán explicó que ha visitado el hotel de su propiedad, solo en dos ocasiones, después de la muerte de su hermano, y que le solicitó la salida de los intrusos que habían entrado allí como clientes pero estos reaccionaron de forma violenta y prácticamente la hicieron huir del lugar.
Pocos días después, para su sorpresa comenzó a ser acosada por funcionarios del CONAPE, con llamadas telefónicas y citaciones temerarias que pretenden suplantar los tribunales civiles y los tribunales penales de la República Dominicana, intentando dilucidar en las oscuras paredes de sus oficinas un conflicto que legalmente corresponde a los tribunales.
La doctora Nancy Galán, pidió a la Dirección Nacional de Control de Drogas que lleve a cabo una investigación en relación a los rumores de la supuesta operación de un punto de drogas en las instalaciones del Hotel Galán, el cual se mantiene abierto y operando a pesar de no contar con los permisos de las autoridades de Salubridad, no contar con servicios de energía eléctrica ni agua potable, porque dejaron de pagar esos servicios.
Si el hotel fue serrado, si la luz fue cortada y el agua, como es que sigue funcionando? Se preguntó la doctora Galán, quién los patrocina, que hay de cierto en esos rumores?.
Sin embargo los intrusos permanecen en el lugar y son ahora quienes cobran los servicios a los clientes que llegan al lugar mientras mantienen a los herederos alejados de su propiedad.
Ahora complicado con la participación de funcionarios del gobierno que se suman a los intrusos para perseguir y acosar a los propietarios.
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