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Por Redacción
diciembre 15, 2017
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Las Centrales Sindicales Dominicanas: CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASISTA (CASC), CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) y CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DOMINICANOS (CNTD),afiliadas a la Confederación de Trabajadores/as de las Américas (CSA/CSI), por medio de la presente nos dirigimos al gobierno de Honduras que encabeza su Presidente Doctor Juan Orlando Hernández, para manifestarle nuestra profunda preocupación por la situación de crisis interna que vive esa nación luego de concluir las elecciones del 26 de noviembre pasado.
Ante la serie de irregularidades en el proceso de escrutinio de los votos por parte del Tribunal Supremo Electoral, denuncias de manipulación y retención de las actas escrutadas, demora en el conteo de votos y caída del sistema que interrumpió por varias horas el cómputo de los mismos, por lo que los/as hondureños/as salieron a las calles para manifestar su indignación y protestar en contra de las evidencias de fraude electoral, exigir la transparencia en el conteo de votos y exigir los resultados de las elecciones apegados al pleno respeto de la verdadera decisión del pueblo hondureño.
La respuesta obtenida ha sido la represión estatal contra la manifestación social, que ha dejado un saldo de por lo menos 14 muertos y decenas de heridos y detenidos, acciones que condenamos y exigimos poner en libertad a los detenidos y someter a la justicia a los responsables de muertes y agresiones a los manifestantes, a la vez que repudiamos los intentos de criminalizar la protesta social.
El estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que rodearon la elección no permiten tener certeza sobre los resultados, por lo que es imprescindible un recuento completo y transparente de todas las actas, proceso que debe ser observado por todos los actores políticos y sociales, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales. A falta de dicho recuento, Honduras debe realizar una nueva elección.
Luego de las cuestionadas elecciones hemos visto el recrudecimiento de las persecuciones y asesinatos a activistas sociales en ese país, por lo que CNTD, CNUS Y CASC, repudiamos estas acciones, nos solidarizamos con el pueblo hondureño y con él su movimiento sindical y social su reclamo de respeto a la democracia y contra la dictadura que se plantea instaurar de no realizar un proceso electoral transparente ante pueblo y el mundo.
Repudiamos el uso de la fuerza estatal para reprimir las manifestaciones sociales y el establecimiento de un toque de queda y suspensión de derechos constitucionales. El Estado hondureño está obligado a respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, entre ellos los derechos a la libre expresión, asociación y reunión, reconocidos en tratados internacionales ratificados por Honduras. El Estado hondureño es política y jurídicamente responsable de la muerte de manifestantes por la represión de las fuerzas de seguridad estatal, así como de los heridos y detenidos arbitrariamente.
Apoyamos todas las exigencias y lucha que nuestra fraterna sindical en Honduras viene realizando, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) para que se respete la voluntad popular, se reconozcan y respeten los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de esa nación y para que se restablezca la legitimidad electoral violentada por la dudosa actuación del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Honduras.
El movimiento sindical de las Américas está vigilante y en acción respeto a lo que está sucediendo en Honduras, como forma de expresar nuestra solidaridad con el pueblo y con los trabajadores de ese país.
Para el movimiento sindical de las Américas es inaceptable que se intente desconocer la voluntad popular y que se reprima a la población movilizada en defensa de su manifestación soberana en las urnas.Denunciaremos en las instancias políticas internacionales y regionales, así como en los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, el fracaso del proceso electoral, la falta de credibilidad del proceso democrático en Honduras y la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la violación de derechos humanos.
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